El conflicto real es entre la Municipalidad y ambos servicios.
Durante años se instaló la idea de que taxis y Uber están enfrentados, como si fueran enemigos naturales. Pero la realidad es mucho más simple: los choferes, ya sean de taxi o de aplicaciones, quieren trabajar. El problema aparece cuando la Municipalidad intenta controlar, regular o recaudar sin ofrecer reglas claras, equitativas y modernas.
La discusión de fondo no es sobre tecnología, seguridad o competencia.
La discusión de fondo es cuánto quiere recaudar el municipio y de quién.
Los taxis pagan habilitaciones, inspecciones, licencias, tasas y una larga lista de costos que la Municipalidad cobra. Uber y otras apps funcionan con otro sistema, más flexible, más dinámico y con menos intervención municipal. Ahí nace el choque. No por el servicio, sino por la caja.
El municipio intenta disfrazar este conflicto como “defensa del trabajo local”, pero en realidad lo que defiende es su esquema recaudatorio. Mientras tanto, los verdaderos protagonistas —los choferes— quedan atrapados en el medio, enfrentados artificialmente por un problema que ellos no generaron.
La competencia no debería ser entre un taxi y un Uber.
La competencia debería ser entre ideas, reglas claras, eficiencia y mejores servicios para la gente.
Pero eso solo es posible si la Municipalidad deja de usar el transporte como una fuente de ingresos y empieza a verlo como un servicio público que debe adaptarse a los tiempos que corren.
No es taxis vs. Uber.
Es trabajadores vs. un sistema municipal que no quiere perder poder ni recaudación.
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